Un conflicto con presencia histórica en la región
Es histórica la presencia de grupos armados en el departamento del Valle del Cauca y la región pacífico. Desde tiempos fundacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Farc-EP, a mediados de la década de los 60, grupos de guerrilla se asentaron especialmente sobre zonas del norte del Cauca y centro del Valle del Cauca, ubicándose en la cordillera central en límites con Eje Cafetero y el Tolima, y más hacia el sur con el departamento del Huila hasta conectarse con el departamento del Caquetá.
Por razones igualmente estratégicas relacionadas con la construcción de zonas de retaguardia y de corredores de movilidad con acceso al mar, las Farc-EP primero, y luego el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se posicionaron sobre la cordillera occidental, en un amplio corredor de la llanura del pacífico, que se extendía al norte en límites con el Chocó, pasando por el Valle del Cauca, hasta el departamento del Cauca.
Pero la llegada a la región a mediados de la década de los 80, de unidades de guerrilla rural pertenecientes al grupo Movimiento 19 de abril, M19, marcó un viraje significativo en el curso de la confrontación militar, en la medida en que se asentó en lugares cercanos a zonas más urbanas y de mayor dinámica económica, como la vía Panamericana, centros de desarrollo de agroindustria y concentraciones urbanas en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca.
El Valle del Cauca debido a la conexión entre las cordilleras, las zonas de producción de narcotráfico y las salidas al mar, se constituye un corredor para el tránsito de estos grupos ilegales y la dinámica de narcotráfico.
La vocación ofensiva del M19 y su idea de llevar la guerra a las ciudades como expresión de centros de poder, le llevó a ejecutar operaciones que incidieron directamente sobre Cali, como lo fue el combate urbano durante varios días, que tuvo lugar en una zona urbana en las laderas del occidente de la ciudad (barrio Siloé) en 1985; el paso que, en medio de intensos combates con el llamado ‘Batallón América’, tuvo contra el ejército de Colombia en su recorrido desde las montañas del Cauca, hasta la zona de ladera de la ciudad, en la llamada campaña ‘Paso de Vencedores’, en 1986.
Y si se quiere incluso, dadas sus implicaciones políticas y militares, debe hacerse igualmente mención a la toma del municipio industrial de Yumbo, a pocos minutos de Cali, ocurrida en 1984. Puede decirse entonces que la guerra llevada a la ciudad no era algo nuevo en relación con eventos violentos que habrían de tener lugar en momentos posteriores, en contextos distintos y ya sin la presencia del M19[1].
¿Una región estratégica?
La región del suroccidente de Colombia, está conformada por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo; es una zona de carácter estratégico, dada su ubicación geográfica y topografía variada, lo que ha permitido la presencia de actores armados ilegales como, en su momento y ahora desmovilizadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Farc – EP; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las denominadas Bandas Criminales, Bacrim, o Grupos Armados Organizados, GAO, entre otros.
El Valle del Cauca, debido a la conexión entre las cordilleras, las zonas de producción de narcotráfico y las salidas al mar, se constituye en un corredor para el tránsito de estos grupos ilegales y la dinámica de narcotráfico. En este departamento la disputa por el control de espacios clave, articula distintas estrategias, incluidas las de vaciamiento demográfico del territorio, desplazamiento y amenazas y asesinatos a líderes y lideresas, que ocasionan profundos impactos en la estructura sociocultural de las comunidades.
La desmovilización del grupo Bloque Calima en 2004 marca el final de este trágico período de crisis humanitaria, no obstante que la permanencia aun de las Farc-EP y del ELN haría seguir latente el conflicto armado en la región.
1999 – 2004, uno de los períodos más críticos
El conflicto armado en el Valle del Cauca tiene un período particularmente crítico, que se extendió por lo menos durante cinco años y está determinado por la llegada de los llamados grupos paramilitares o de autodefensas, en este caso, el llamado ‘Bloque Calima’, perteneciente a la Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, en julio de 1999. En términos del conflicto, el contexto cambió dramáticamente, no solo por la confrontación militar, sino por el impacto humanitario que significó la ocurrencia de masacres, asesinatos y desplazamientos forzados de personas.
Los secuestros masivos perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cali en la Iglesia “La María” y posteriormente el ocurrido en un restaurante en el kilómetro 18 hacia la vía al mar, entre Cali y Buenaventura, marcan una nueva etapa del conflicto en el Valle del Cauca.
Por lo demás, la confrontación entre las llamadas AUC o paramilitares con la guerrilla, significó una sangrienta disputa por territorios estratégicos e intentos por reconfigurar el control territorial. La desmovilización del grupo ‘Bloque Calima’ en 2004, marca el final de este trágico período de crisis humanitaria, aunque la permanencia de las Farc-EP y del ELN haría seguir latente el conflicto armado en la región.
El ELN y los primeros secuestros masivos – 1999
Haciendo referencia de forma particular al desarrollo del conflicto armado en el Valle del Cauca, debe subrayarse el impacto que produjeron los secuestros masivos perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Cali, en la Iglesia La María y posteriormente el ocurrido en un restaurante en el kilómetro 18, en la vía al mar, entre Cali y Buenaventura.
El secuestro de la Iglesia La María ocurrió el 30 de mayo de 1999, en un sector residencial del sur de la ciudad y en el hecho fueron secuestrados más de 100 feligreses, que concurrían a misa. La incursión se dio a plena luz del día cuando hombres armados ingresaron violentamente al templo e interrumpiendo la eucaristía, obligaron a los presentes a salir y subirse a vehículos que tenían estacionados muy cerca, para luego ser llevados hacia una zona montañosa en las estribaciones de la cordillera occidental.
El secuestro del kilómetro 18 se dio el 17 de septiembre de 2000, en un reconocido restaurante en las afueras de la ciudad, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, de donde sacaron a comensales, que fueron llevados hacia la cordillera occidental, donde luego de varias jornadas de camino, la guerrilla fue cercada por unidades militares de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, en el área de El Naya, zona selvática entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, situación que facilitó una negociación humanitaria, en la que el gobierno dispuso del levantamiento del cerco a cambio de la liberación de los secuestrados[2].
Ambos hechos se le atribuyen al frente José María Becerra del ELN y, aunque ese grupo realizó exigencias económicas para la liberación de los secuestrados, el impacto político y social fue de extraordinarias dimensiones.
En relación con lo anterior, vale la pena mencionar la dinámica de movilización social en rechazo al secuestro y las exigencias de libertad que se generaron por cuenta de este hecho y que adquirieron dimensión nacional, a través de las marchas del ‘No más’ y la consigna ‘Los queremos vivos, libres y en paz’.
Las Farc-EP y su ‘salto estratégico’
En esta breve descripción la primera consideración clave hace referencia al giro estratégico que las Farc-EP dieron a su plan político-militar para la toma del poder y que incorporó como factor decisivo la construcción de nuevas capacidades militares.
Pese a una presencia de las Farc-EP en la región suroccidental de años atrás, esta, durante mucho tiempo, no llegó a ser considerada una real amenaza a la estabilidad en esta zona estratégica del país.
Fue en su VII Conferencia[3] cuando esta guerrilla se propuso dar el salto estratégico en la dinámica de la confrontación, pasando a la ofensiva. Puede decirse, sin lugar a dudas, que luego de muchos años de lucha guerrillera, este es el punto de inflexión en que las Farc-EP pasan de ser una guerrilla a la defensiva y marginal, a una fuerza militar poderosa y a la ofensiva.
Pese a una presencia de las Farc-EP en la región suroccidental desde años atrás, durante mucho tiempo no llegó a ser considerada una real amenaza a la estabilidad de la región. Su presencia estaba restringida a zonas de retaguardia, especialmente las de alta montaña, en la cordillera central y en la profundidad de las zonas selváticas, casi siempre del pacífico.
Para asumir su propio giro en la guerra dentro del ámbito regional, las Farc-EP dieron forma a una poderosa estructura desplegada a lo largo de la cordillera central del Valle del Cauca, especialmente en su parte central, Buga y Tuluá; en la zona sur en los municipios de Pradera y Florida y en la zona occidental, sobre las cuencas de importantes ríos de Buenaventura como Raposo, Anchicayá, Yurumangui, Naya, Mallorquín y Calima.
Dentro de este fortalecimiento se destaca la presencia urbana en Cali y alrededores de la estructura Manuel Cepeda Vargas y en Buenaventura de un extensa presencia de milicias.
El 31 de Julio de 1999 está documentada la que se considera fue la primera incursión paramilitar del llamado ‘Bloque Calima’ de las Autodefensa Unidas de Colombia-AUC en territorio del Valle del Cauca.
Siempre asumiendo el pacífico, el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca como su área estratégica, las Farc-EP fortalecieron sus capacidades en el norte de este último departamento, en municipios como Corinto, Miranda y Toribío, en un nudo montañoso de gran importancia que conecta hacia la parte plana con desarrollos de agroindustria de la caña, pero que del otro lado lleva al Tolima y el Huila, donde igualmente las Farc-EP tenían apuestas estratégicas. En una expresión superior de su forma organizativa, esta gran estructura se denominó ‘Comando Conjunto de Occidente’.
La llegada de grupos paramilitares
El 31 de julio de 1999 está documentada la que se considera fue la primera incursión paramilitar del llamado ‘Bloque Calima’ de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, en territorio del Valle del Cauca.
Los primeros hechos violentos perpetrados por ese grupo tuvieron lugar un día sábado, en la concurrida plaza central del corregimiento de La Moralia de Tuluá, luego de lo cual se dio inicio a un sistemático plan de homicidios, masacres, amenazas y desplazamiento forzado de personas, que terminó cubriendo de dolor y sangre buena parte de la geografía del departamento.
Las consecuencias de ese período trágico, que inició en 1999 y concluyó en 2004 con la desmovilización de esta estructura de las AUC, son enormes en términos de daño individual y colectivo, afectaciones psicológicas, comunitarias, sociales y materiales. Según datos oficiales se presentaron 119 masacres, 6.918 homicidios y 3.400 eventos de desplazamiento forzado, individual y colectivo.
Distintos análisis sobre el conflicto en el departamento, señalan críticamente que esta estrategia de contrainsurgencia ilegal se dio en medio de omisiones institucionales y de gobierno, complicidades con algunos sectores de la fuerza pública y la indiferencia generalizada de la sociedad vallecaucana, incluidas sus élites.
¿Cómo fue posible y por qué razón autoridades del gobierno reaccionaron tardíamente contra toda evidencia? ¿cómo fue posible que autoridades militares dijeran que los paramilitares eran los mismos miembros de la guerrilla ‘disfrazados’ para distraer y confundir a la fuerza pública? ¿por qué no se hizo caso, en su momento, de las alertas y los llamados angustiosos de líderes de las comunidades y entidades de protección y organizaciones de los derechos humanos y de la misma Iglesia?
El informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre el llamado ‘Bloque Calima’ aporta en gran manera para conocer las circunstancias de su llegada, sus patrocinadores y financiadores, sus alianzas políticas y también sus vínculos con miembros de la fuerza pública; sin embargo, muchas víctimas y comunidades aún esperan total claridad sobre estos hechos y que cada quien, de cara a ellas y la sociedad, asuman las responsabilidades que les competan.
En la finca El Jardín, en el corregimiento de Galicia, en el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, se cumplió la desmovilización de 543 miembros del ‘Bloque Calima’, de este grupo armado ilegal de autodefensas.
Hacia una construcción de la paz
Durante muchos años el conflicto armado ha dejado un enorme y doloroso registro de víctimas, daños y destrucción en Colombia y el Valle del Cauca. Ese enfrentamiento ha frenado opciones de desarrollo colectivo y miles de proyectos de vida a los que la violencia se atravesó. Todo eso constituye, sin duda una enorme pérdida colectiva como sociedad.
En Diciembre de 2016 el grupo Farc-EP firmó un Acuerdo de Paz con el gobierno nacional lo cual supuso el desarme y la reincorporación efectiva de cerca de 14.000 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional. De ese total, cerca de 400 excombatientes están asentados en el Valle del Cauca.
Los esfuerzos por terminar el conflicto armado han sido múltiples e incluyen acuerdos de paz; en su momento, por ejemplo con el M19 y otros grupos, así como la desmovilización de los llamados grupos paramilitares. De lo anterior nuestro departamento ha sentido efectos positivos, en especial en la dimensión de lo humanitario con menos víctimas y menos afectaciones. Sin embargo, el conflicto persiste aunque cambia en sus dinámicas y actores.
En diciembre de 2016 el grupo Farc-EP firmó un acuerdo de paz con el gobierno nacional, lo cual supuso el desarme y la reincorporación efectiva de cerca de 14.000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional; de ese total, cerca de 400 excombatientes están asentados en el Valle del Cauca. Se trata, sin duda de un gran logro, pese a las dificultades propias de cualquier proceso de esta naturaleza.
Pero la firma de un acuerdo de paz, no es la paz en sí misma. El proceso de construir y consolidar la paz es largo y complejo. Implica, entre otras muchas cosas, asegurar un exitoso proceso de reintegración para los excombatientes, garantías físicas y jurídicas a su vida, libertad e integridad, y espacios de participación política. Pero también están los esfuerzos por ocupar el territorio con la presencia legítima del Estado, a través de su fuerza pública y, sobre todo, con la presencia y oferta de servicios estatales, ausente de tantas regiones durante tanto tiempo.
Y no menos importante es la tarea de lograr a futuro, un acuerdo de paz con el ELN o su sometimiento por la fuerza legal y democrática del Estado, al tiempo que se libra una lucha eficaz contra factores ilegales de violencia, incluido el narcotráfico y nuevos grupos paramilitares que hoy están llevando zozobra e incertidumbre dentro amplias comunidades y territorios. Para el caso colombiano se ha dicho que el acuerdo de paz está en clave de derechos de las víctimas y en clave territorial, esto último supone un gran desafío para los entes territoriales, porque implica, entre otras decisiones, adoptar una nueva arquitectura institucional a nivel territorial para desarrollar el acuerdo de paz en clave regional y local ¡Falta aún mucho para hacer en la construcción de una paz realmente estable y duradera!
[1] Esta guerrilla suscribió un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Virgilio Barco, en marzo de 1990, siendo el primer grupo armado que hizo dejación de armas por vía de una negociación política. Se desmovilizó en Santo Domingo, Cauca.
[2] Esta circunstancia particular generó días después la renuncia del Brigadier General Jaime Ernesto Canal Albán, por entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, quien cuestionó la decisión presidencial. En su opinión expresada a distintos medios de comunicación “se perdió una gran oportunidad de destruir (dar de baja o capturar) a los miembros de esta estructura del ELN”.
[3] Las ‘conferencias’ son escenarios ampliados de la guerrilla en los que participan mandos y delegados de todas las estructuras y en los que se discuten y toman decisiones de carácter estratégico. La VII conferencia de las Farc-EP se desarrolló en la región de Guayabero, Meta, en 1982 y allí se adoptó la denominación de ‘Ejército del Pueblo – EP’, al tiempo que se formuló el plan militar ‘Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia’.
Diego Arias
Profesional en Resolución de conflictos y estudios políticos
Especialista de cultura de paz y DIH
ATLAS